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La patronal SEOPAN, que agrupa a las principales empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras en España (como ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr u OHLA), ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de cambiar el modelo de financiación de la red viaria. Su propuesta principal es implantar un sistema de pago por uso que supondría un coste medio de 111 euros anuales por conductor (aproximadamente 10 euros al mes).
Según los cálculos de SEOPAN, esta medida se basaría en una tarifa de 0,03 euros por kilómetro recorrido en vías interurbanas de gran capacidad para vehículos ligeros (y de 0,14 euros para vehículos pesados). Aplicada al recorrido medio anual de un conductor español fuera de núcleos urbanos —alrededor de 3.700 km—, generaría ese importe aproximado de 111 euros.
La patronal estima que este modelo permitiría recaudar hasta 43.260 millones de euros en diez años, destinados exclusivamente a la conservación de la red, la transición ecológica y la digitalización de las infraestructuras. Además, generaría ingresos adicionales para unos 2.680 municipios a través de impuestos relacionados.
La propuesta llega en un momento en que diferentes informes y el propio Ministerio de Transportes reconocen un déficit acumulado en el mantenimiento de las carreteras. El ministro Óscar Puente ha cifrado este desfase en torno a los 5.600 millones de euros en la Red de Carreteras del Estado, que suma más de 26.500 km y soporta más del 50% del tráfico total del país (y el 66% de los vehículos pesados).
Para paliarlo, el Gobierno ha anunciado un Plan Extraordinario de 1.629 millones de euros para reparar más de 5.000 km de firmes entre 2027 y 2031, con licitaciones que comenzarán en 2026. Sin embargo, desde el sector de la construcción se considera que esta cantidad es insuficiente frente a las necesidades estructurales, que SEOPAN cifra en más de 58.000 millones de euros para mantenimiento y conservación en el conjunto de infraestructuras.
La patronal defiende que el actual sistema, financiado principalmente con impuestos generales, no garantiza los recursos necesarios y genera desigualdades. Con el pago por uso, argumentan, los recursos irían directamente a quien utiliza las carreteras, sin subir impuestos generales ni restar fondos a otros servicios públicos. Además, destacan que los 111 euros anuales equivaldrían aproximadamente a lo que ya paga de media cada contribuyente por conservación de carreteras, pero de forma más directa y vinculada al uso real.
Esta idea no es nueva: SEOPAN la ha planteado en ocasiones anteriores y se alinea con modelos existentes en varios países europeos. Bruselas también ha recomendado en el pasado avanzar hacia sistemas de tarificación viaria.
La propuesta ha reabierto el debate sobre quién debe financiar las infraestructuras: los contribuyentes en general o los usuarios directos. Organizaciones del transporte, como la CETM, han mostrado preocupación por el impacto en el sector profesional y, por extensión, en la economía. Por su parte, el Gobierno no ha adoptado la medida y mantiene su enfoque en planes de inversión pública extraordinarios.
En definitiva, la sugerencia de SEOPAN pone el foco en un problema real —el progresivo deterioro de las carreteras pese a la elevada presión fiscal sobre los vehículos— y plantea una alternativa controvertida: pasar de un modelo de impuestos generales a uno de “usuario pagador”. De momento, se trata solo de una propuesta del sector, pero ha vuelto a situar el futuro de la financiación viaria en el centro de la agenda pública.
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